¿Alivio al bolsillo? Proponen suspender el IVU en alimentos preparados por 90 días

En un esfuerzo por mitigar el impacto del alza en el costo de vida y la inflación sobre las familias puertorriqueñas, el representante por acumulación Ramón Torres Cruz presentó una propuesta para suspender, por un periodo de 90 días, el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) del 7% que se aplica a los alimentos preparados.

La iniciativa busca ofrecer un respiro económico a los consumidores en un momento en que muchos hogares han visto reducido su poder adquisitivo, al tiempo que serviría de estímulo para el sector gastronómico de la isla.

Un superávit que sostiene la propuesta de cancelar el IVU

La viabilidad de la medida se apoya en datos recientes del Departamento de Hacienda. Según información provista por el secretario Ángel Pantoja Rodríguez, los recaudos netos del Fondo General entre julio de 2025 y abril de 2026 superaron las proyecciones por aproximadamente $590 millones.

Frente a ese excedente, Torres Cruz sostiene que el costo de la suspensión es manejable. El recaudo mensual estimado del IVU en alimentos preparados ronda los $21.3 millones, lo que situaría el costo total de los 90 días en cerca de $63 millones. Para el legislador, esa cifra representa apenas una fracción del superávit actual, por lo que entiende que no existe una razón fiscal de peso para negar el alivio a los consumidores.

Beneficios para las familias y el comercio

Más allá de reducir el gasto diario de las familias, la propuesta apunta a funcionar como un estímulo económico directo. Al eliminar temporalmente el impuesto, se espera incentivar el consumo en restaurantes, cafeterías, panaderías y otros comercios locales.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), que favorece medidas dirigidas a aliviar el bolsillo del consumidor y a fortalecer una industria que enfrenta el encarecimiento de sus costos operacionales y de servicios.

El camino administrativo y la Junta de Control Fiscal

La implementación de la medida es uno de los puntos de debate. Según algunas fuentes, el legislador plantea que la suspensión podría ejecutarse mediante un decreto administrativo del Departamento de Hacienda, sin necesidad de legislación adicional.

Sin embargo, cualquier reducción en los recaudos proyectados debe atender a la realidad de la Ley PROMESA. El propio representante reconoció que la medida requeriría el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. Como precedente, se destaca que en septiembre de 2022, tras el paso del huracán Fiona, la Junta autorizó una suspensión similar con un impacto aproximado de $16.5 millones.

¿Qué sigue?

Torres Cruz anunció que someterá formalmente la solicitud tanto al Departamento de Hacienda como a la Junta de Control Fiscal, además de exhortar a la mayoría parlamentaria a respaldar la iniciativa como una inversión directa en la economía local.

De aprobarse, la medida representaría un respiro temporal pero significativo para miles de ciudadanos que han visto mermado su poder adquisitivo en los últimos años.

Este contenido es de carácter informativo y se basa en las propuestas legislativas reportadas en junio de 2026.